Según nuestras leyes que se nutrieron del Derecho Romano, todas las orillas de mar y las de lagos, lagunas y ríos que no se encuentren completamente circunscriptos por propiedades privadas son públicas: hay una franja entre la orilla y la tierra que es de todos y cualquiera puede exigir derecho de paso a través de una propiedad hasta la orilla, si no hubiera un camino público. Sin embargo en muchas partes del país se ve que eso es letra muerta. A comenzar por las costas del Río de la Plata al norte de Buenos Aires, donde hay una cantidad de clubes náuticos y barrios privados con costa de río de la que se adueñaron, tal como hizo el Parque de la Costa. En las islas del Delta del Paraná (salvo en aquellas pocas islas donde hay senderos costeros) ocurre lo mismo. Al sur de Punta Mogotes, hay varios kilómetros de playas “privadas” cuyo acceso está cerrado con tranquera fuera de temporada y donde se paga para entrar en temporada. Otro chocante ejemplo es la costa del lago Nahuel Huapi entre Bariloche y Llao Llao y en Villa La Angostura, donde la mayor parte de la orilla que es pública en la práctica es privada. Lo mismo sucede en los lagos artificiales cordobeses, por ejemplo en Villa Carlos Paz. El caso más encandaloso es el del magnate británico (y delincuente en Argentina) Joe Lewis con su impúdica mansión a orillas de Lago Escondido en Río Negro. Me parece muy extraño que siendo el nuestro un país gobernado por doctores en leyes, una ley tan básica no se haga respetar.