Al menos hasta que llegó a la presidencia el energúmeno Javier Milei*, uno de los organismos públicos más encomiables de nuestro país es la Administración de Parques Nacionales: no sólo por su variedad paisajística, superficie y valor naturalístico y turístico. También porque es una de esas raras islas dentro del Estado argentino donde se conformó una cultura organizacional interna muy fuerte con valores propios y personal capacitado que cree en lo que hace. No se puede decir que dentro de la APN a lo largo de las últimas décadas no haya habido algunos episodios de corrupción y algunas maniobras poco claras, en particular durante los años ‘90 y la década menemista: hay algunos libros publicados al respecto. Pero globalmente, la APN logró sortear los cambios de gobierno (y de autoridades) con bastante integridad y coherencia. Conozco un poco a la gente de esa administración: durante un tiempo hace años trabajé para la Hostería Isla Victoria en un proyecto de puesta en valor de la isla en contacto directo con los guardaparques y las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi (el más importante de todos) y la Delegación Técnica de Bariloche. Conocí su celo y dedicación a las áreas protegidas a pesar de la casi constante falta de personal, medios y recursos y sus internas políticas y filosóficas entre el conservadurismo naturalístico y reglamentarista de algunos y la mayor flexibilidad de otros. Supe de sus conflictos con empresarios poderosos de buena apoyatura en el poder político y de sus discusiones con las provincias y también con otros organismos del Estado nacional. Conocí algunos guardaparques antipáticos y engreídos que actúan como si fueran el equivalente de los jueces de paz de pueblo de hace un siglo pero la gran mayoría de ellos son personas tan admirables como los bomberos o enfermeras, atraídos por una profesión con valores bastante distintos a los habituales. Además, la APN fue uno de los primeros sectores de la administración pública argentina donde las mujeres encontraron un oficio en paridad con los varones. La estructura algo militar de la organización (donde no se llega a los cargos de intendente desde arriba sino desde abajo) con sus problemas territoriales y logísticos y hasta ocasionales enfrentamientos con cazadores furtivos también contribuye a que la APN sea una curiosa isla de humanidad y hasta de humanismo en nuestro Estado. Es una de las mejores burocracias que tenemos, porque sus burócratas se curtieron largos años en la intemperie, en lugares solitarios y condiciones difíciles de vida.

Si hay un sector del Estado argentino donde la “máquina de impedir” goza de buena salud y creo que vale la pena mantenerla aceitada y en buen funcionamiento es la APN. Prácticamente cualquier cosa que un privado o un organismo nacional quiera hacer dentro de un Parque Nacional la respuesta a priori es no: con mucha paciencia, estudios de impacto de ambiental (hasta para colocar un simple letrero) e idas y venidas a veces se obtiene permiso para hacer algo nuevo dentro de un Parque Nacional. Por eso lo poco que hay de nuevo en los parques nacionales argentinos es doblemente admirable: tanto en el PN Iguazú como en el PN Los Glaciares se hicieron buenas e importantes obras de infraestructura para adecuarlos a sus tasas de visitación. Pero la mayoría de los otros parques están hoy casi idénticos a lo que eran hace dos décadas, lo cual en cierto sentido es un logro. Sus mejoras, cuando las hay, tienen que ver con el equipamiento en vehículos y comunicaciones además de sueldos. Hasta en el sitio de Internet se ve que es uno de los organismos estatales más capaces para comunicar con la sociedad, si bien juegan con ventaja: es difícil hacer un sitio web de parques nacionales que sea más triste y aburrido que el de un ministerio de salud o de finanzas.

Otro lado apreciable de la APN es que además creció bastante en veinte años: creció para adentro de los parques, comprando tierras a propietarios con o sin título dentro de sus territorios y creció para afuera, con nuevos parques fruto de la donación de provincias o privados: Los Alisos (Tucumán), Copo (Santiago del Estero), El Leoncito (San Juan), Mbucuruyá (Corrientes, donado por un privado), Monte León (Santa Cruz, donado por un privado), Predelta (Entre Ríos), Quebrada del Condorito (Córdoba), San Guillermo (San Juan), Sierra de las Quijadas (San Luis) y Talampaya (La Rioja) no existían cuando hice la primera Guía Pirelli en 1989, como tampoco los monumentos naturales y reservas de la Ballena Franca Austral (Chubut), Colonia Benítez (Chaco), Laguna de los Pozuelos (Jujuy), Otamendi (Buenos Aires), San Antonio (Misiones) y áreas multiprovinciales de protección del Huemul, el Yaguareté y la Taruca.
Finalmente hay que destacar que la APN con sus áreas protegidas fijó un estándar de calidad al que las provincias, con sus respectivas áreas protegidas, no pueden no imitar e intentar a veces superar.

Hay baqueanos y guías de turismo argentinos que hacen votos para que algunas áreas espléndidas de nuestro país no caigan bajo la égida de la APN: toda vez que un área faunística se transforma en reserva se acaba su apreciación turística o se la limita tan fuertemente que sólo conserva significado para el turismo masivo que se conforma con ver las cosas desde una plataforma de observación lejana y con telescopio. Yo mismo puedo enumerar algunas reservas de fauna (no todas nacionales) donde ya no me interesa ir, porque las conocí cuando se podía disfrutarlas como un naturalista del siglo XIX, en libertad. Comprendo a mis amigos baqueanos que jamás harían ni permitirían nada que dañe a nuestra fauna o nuestra flora amenazadas, pero también hay que mantener a raya a una especie tan dañina como la nuestra.

* Como era de esperar, este “sorete mal cagado por el Maligno” (excúseseme por emplear el lenguaje soez presidencial) en los dos años que lleva en el gobierno hizo desastres en Parques Nacionales: eliminó personal, redujo contratos, nombró director de conservación a un ex CEO de Monsanto (la fabricante de defoliantes y granos genéticamente modificados) y en marzo de 2025 desreguló la prestación de servicios dentro de los Parques Nacionales. Así cualquier atorrante puede lucrar en nuestras áreas protegidas.