No sé de dónde nos viene pero no es un reflejo instintivo sólo de porteños o marplatenses. Hasta no hace mucho tiempo hubo una inclinación nacional por honrar el pasado con la picota y la topadora. Hacer tabula rasa del esfuerzo constructivo de las generaciones anteriores como si en esta tierra nos sobraran consistentes legados arquitectónicos de otras épocas. Fue la actitud predominante –Estado y ciudadanos– hacia el patrimonio arquitectónico desde que existimos hasta hace pocos años. Tarde pero antes que nunca, nuestra sensibilidad estatal y ciudadana parece estar cambiando para mejor: para peor no podía ser.

Del Cabildo de Tucumán a la fortaleza de Bahía Blanca, de la vieja Paraná a la aún más vieja Córdoba y con epicentros dramáticos en las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata, el instinto demoledor hizo tales estragos en nuestro país que puede decirse que si la Constitución Nacional de 1853 hubiera incluido un artículo referente a la intangibilidad del patrimonio arquitectónico la Argentina sería otro país, más lindo de ver en sus ciudades.

En la ciudad de Buenos Aires es fácil atribuir el instinto demoledor a la avidez especuladora de una burguesía comercial y portuaria que (casi) siempre se las ingenió para que fuera una de las ciudades-puerto más caras del mundo, desde el precio del vino y el pan hasta la vara o metro cuadrado de tierra.

Y asimismo en Mar del Plata: cuando esa clase social desertó al balneario peronizado y se mudó veraniegamente a Punta del Este la mayoría de las mansiones de los padres y abuelos fueron sepultadas bajo edificios de departamentos, tal como en torno a la Plaza Pellegrini de Buenos Aires. Hacer guita el legado inmobiliario de los antepasados es un instinto de los terratenientes argentinos: da lo mismo que se trate de mil hectáreas de campo remoto sin mejoras o de un fantástico palacete construido por los abuelos.

Pero ¿cómo se explica que Santa Fe de la Vera Cruz haya hecho lo mismo, siendo seis a veinte veces más pequeña que Buenos Aires según cómo se hagan los cálculos? Sin que fuera una aldea que deslumbrara a ningún viajero o cronista, bien que mal entre las últimas décadas de los siglos XVII y XIX se construyó una Santa Fe de casonas y templos coloniales, con un Cabildo de dos plantas (al que la modernidad republicana quiso agregarle una torre), una aduana, jefatura de policía, etc. Como si no sobrara espacio en torno a esa aldea, cada empuje edilicio –el ferroportuario de fines del XIX, el del Centenario, el de las décadas áureas del estatismo, etc.– sobreimprimió en la tela anterior. De la ciudad colonial quedaron apenas una iglesia y dos o tres casas. Se aplanó un barrio colonial para sembrar pasto y hacer un parque público: un concepto urbanístico bien nuestro. La modernidad del Centenario depositó una Casa Gris encima del Cabildo y un Palacio Legislativo sobre la Aduana Vieja, pero así también algunas de sus obras más importantes como el Consejo de Educación o la estación del ferrocarril francés y muchas casonas del bulevar Gálvez fueron demolidas de puro gusto o por una especulación inmobiliaria-edilicia de escala provincial.

En México o en Perú la modernidad no fue tan demoledora como entre nosotros. A pesar de los terremotos y la rascacielización apabullante, hasta la última vez que anduve por allí hace una década Santiago de Chile conservaba edificios y algunos barrios de otras épocas con resultado más coherente que Buenos Aires. Fuera de San Pablo, en las ciudades brasileras incluyendo Río de Janeiro (donde motivos para la especulación inmobiliaria no faltan) la sensibilidad o el sentido común permitieron que barrios e iglesias coloniales se conservaran. Lo nuestro fue descabellado: quizá ninguna nación se ensañó tanto con las obras inmobiliarias de los antepasados. Tal vez ni siquiera Estados Unidos.

Demoler el Fuerte, la Recova, la Aduana Nueva y amputar al Cabildo en el centro institucional de la República fue una señal clara de piedra libre a los cuatro vientos argentinos. La responsabilidad es toda de la “Generación del 80”, cuya sensibilidad en esta materia fue tan distinta a la nuestra que da vértigo. Demoler edificios es una forma de censura más brutal que quemar libros, ya que después de Gutenberg ninguna hoguera es completa y alguna copia sobrevive. Es arrogarse el soberbio derecho a decidir qué podrán ver y disfrutar del pasado las generaciones futuras. Diríase que la “Generación del 80” pretendió que los argentinos venturos creyéramos que el país nació de una cigüeña llegada de París. Como no tuvimos aztecas ni incas ni mayas y como fuimos un virreinato último y periférico, no éramos nada. Así como se trató con los aborígenes de los territorios indios del sur (Patagonia) y del norte (Chaco) y tal como se disciplinó a provincianos e inmigrantes díscolos, se trató al legado arquitectónico de los antepasados.

En las primeras décadas del siglo XX hubo una revalorización del patrimonio colonial alimentada por intelectuales como Ricardo Rojas y arquitectos como Martín Noël y luego un arquitecto Mario Buschiazzo que dedicó su vida profesional a restaurar, enmendar y reparar los desastres hechos por la generación anterior. Está bien que esta reacción al europeísmo terminó confundiéndose con rancias expresiones nacionalistas y militaristas: véanse sino todos los cuarteles neocoloniales que hay en la República.

Ahora bien: ¿cómo fue posible que si ya en los años 30 y 40 había una revalorización de lo colonial y proto-argentino la picota y la topadora siguieran operando impertérritas por décadas? Es que esa revalorización de lo colonial parece haber sido tan selectiva y autoritaria como la de la “Generación del 80”: en Santa Fe, por ejemplo, al tiempo que se restauró la colonial iglesia de San Francisco, se demolió el resto del casco colonial.

El arrepentimiento neocolonial no sacralizó a lo colonial sino que devino un lenguaje arquitectónico propagandístico. Tampoco favoreció una sensibilidad conservacionista de obras de otros estilos: lo extranjerizante se podía demoler libremente. La arquitectura fue usada para decidir qué y cómo verían a la Argentina las generaciones venideras: a través de un liofilizado colonial tonificado con trucho neocolonial. Buen ejemplo de esta forma mental fue la gobernación bonaerense (1936-1940) de Doctor Manuel Fresco, que en términos arquitectónicos fue el fascista más acabado de nuestra historia. Si en Italia, tras veinte años en el poder el fascismo dejó poca cosa más significativa que el EUR en las afueras de Roma y el inconcluso y abandonado Monumento a Ciano en las afueras de Livorno, en sólo cuatro años Fresco legó mucho más: a su frustrada vocación presidencial se deben las recovas de Luján que sitúan en monumental perspectiva a la Basílica; los museos gauchescos de San Antonio de Areco, Dolores y Chascomús; las masas obliterantes del Hotel Provincial y el Casino Central de Mar del Plata así como su fascistoide Palacio Municipal (ambas tres del amoldable arquitecto Alejandro Bustillo) y todas las obras futuristas del ingeniero Francisco Salamone en el sudoeste bonaerense, que son docenas y cuentan también alguna perla como “la torta de bodas” o Municipalidad de Chascomús: allí se demolió una sede colonial para construir en su lugar otra, de estilo neocolonial bastante ridículo.

Somos un país en permanente guerra civil arquitectónica. En el ‘80 una generación decidió que la capital del país futuro debía lucir afrancesada y neoclásica en lo institucional, británica en lo industrial-ferroportuario e italiana o neogótica en lo religioso, mientras construía una La Plata a imagen y semejanza, toda europea sin el menor vestigio de aroma y color local. En el ‘30 y hasta el ‘50 otra generación estableció que los cuarteles y las escuelas debían invocar el blanco-ocreamarillento lenguaje neocolonial. Entre los ‘40 y los ‘50, la siguiente generación pretendió que el pesado monumentalismo estatizante sofocara cualquier otra expresión tal como en Berlín, Moscú o Bucarest. En los ‘70 los militares pusieron énfasis en el gris hormigón a la vista, desde el viaducto a la escuela. En los ‘90 los menemistas dejaron hacer a los privados desde los rascacielos de Puerto Madero a los shopping, bingos y una descomunal mezquita. En los años ‘10 del tercer milenio la cosa se federalizó bastante y gracias al kirchnerismo y la soja le nacieron rascacielos a Rosario y a Córdoba e impúdicos casinos a toda ciudad que se precie de tal, además de centros culturales por doquier.

Y como en toda guerra civil además de los que lo hacían por convicción, ideales o ambición de poder estuvieron siempre presentes los otros, movidos sólo por el dinero: la apabullante masa de arquitectos argentinos que no creían en nada más que la propiedad horizontal, donde fuera y como fuera. Los que construyeron edificios de departamentos encolados a las catedrales de Bahía Blanca, San Nicolás o Santa Fe. Los del Bariloche Center y la torre de oficinas que estropea la escala de Avenida de Mayo. Los del banco detrás de la Catedral porteña.
Mi reyerta con los demoledores viene desde mi infancia. Nací y fui criado en el barrio colindante con la vieja Penitenciaría de avenida Las Heras. Desde el noveno piso del edificio de la esquina de Salguero y Aráoz ví cómo a mediados de los ‘60 demolían toda la Penitenciaría incluidos esos torreones esquineros en los que jugué antes que desaparecieran. Nunca entendí (todavía hoy no lo entiendo) cómo se podía ser tan bestia o idiota como para demoler todo, sin dejar ni siquiera uno de esos sólidos y formidables torreones almenados como recuerdo de lo que alguna vez allí existió.